La transición energética en Colombia ha cobrado especial relevancia en el marco de los compromisos globales frente al cambio climático y la necesidad de diversificar la matriz energética nacional. En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 se presenta como el principal instrumento de política pública para acelerar la migración hacia fuentes renovables, con un énfasis particular en la creación y fortalecimiento de comunidades energéticas. Estas comunidades, conformadas por ciudadanos, empresas y entidades territoriales, se posicionan como actores clave para democratizar el acceso a la energía limpia, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y dinamizar el desarrollo local.
Marco normativo y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
El PND 2022-2026 define lineamientos claros para la transición energética, articulando acciones entre el Ministerio de Minas y Energía, los entes territoriales y el sector privado. Uno de los objetivos centrales es fomentar la participación ciudadana en la generación, gestión y consumo de energía renovable, a través de la figura de comunidades energéticas. El marco normativo establece incentivos, mecanismos de financiamiento y apoyos técnicos que facilitan la creación de estas comunidades, promoviendo la descentralización y la resiliencia energética en las regiones más apartadas del país.
Así entonces, el artículo 235 de la Ley 2294 del 2023 de las Comunidades Energéticas ha sido reglamentado por el Ministerio de Minas y Energía a través del Decreto 2236 del 2023, que adiciona el Decreto 1073 del 2015, en cuanto al concepto, características, finalidades y formas asociativas de este tipo de comunidades, con el fin de lograr que aquellas que se encuentran en zonas apartadas a las cuales no ha sido posible llegar puntos de conexión al sistema energético nacional o regional, puedan acceder a este servicio público de energía de una forma autosostenible y autosuficiente a través de la instalación de energía solar – fotovoltaica especialmente.
Datos sobre las postulaciones: más de 18.000 solicitudes en 2024
El interés de los colombianos de a pie en sumarse a la transición energética, se ha visto reflejado en la masiva respuesta a las convocatorias del Ministerio de Minas y Energía. Durante el año 2024, se recibieron más de 18.000 postulaciones de grupos comunitarios, cooperativas, organizaciones sociales y municipios interesados en constituirse como comunidades energéticas. Esta cifra evidencia no solo el atractivo de la iniciativa, sino también la creciente conciencia sobre los beneficios de las energías limpias y la gestión colectiva de recursos.
Según la Circular 40022 del 5 de junio del 2024 del Ministerio de Minas y Energía, con corte al 25 de mayo del mismo año, con un total de 18.460 se cerró el número de postulaciones a Comunidades Energéticas, en virtud de la plataforma creada para tal efecto, abriendo espacio para la siguiente etapa de focalización y priorización para la destinación del financiamiento, puesta en marcha y operación. Con cierre al año 2024 se contaban con 148 comunidades energéticas en funcionamiento, un número muy a la baja respecto del estimado del actual gobierno de llegar a 20.000 comunidades energéticas en el año 2026.
Porcentaje de avance: comunidades energéticas creadas y en funcionamiento
De las más de 18.000 postulaciones recibidas en 2024, hasta mediados del año 2025 según datos del Ministerio de Minas y Energía registrados en Portafolio – artículo del mes de abril del 2025, se han creado y puesto en funcionamiento aproximadamente 285 comunidades energéticas en diversos departamentos del país. Esto representa un avance muy pobre cercano al 15% respecto al total de solicitudes recibidas. Estas comunidades ya operativas gestionan proyectos de generación distribuida con fuentes como solar fotovoltaica, eólica y biomasa, aportando energía limpia que benefician a hogares, instituciones educativas y pequeñas empresas. El ritmo de implementación ha sido muy deficiente, frente a los compromisos adquiridos de llegar a la cifra de 20.000 terminando el año 2026.
Impacto en las comunidades: beneficios sociales, económicos y ambientales
La consolidación de comunidades energéticas en el avance que se ha presentado, ha generado impactos positivos en múltiples dimensiones. Socialmente, ha fortalecido la cohesión y el empoderamiento local, al permitir que los propios habitantes gestionen sus recursos energéticos y participen en la toma de decisiones. En el ámbito económico, se observa una reducción significativa en los costos de energía para los usuarios, así como la creación de empleos verdes y el desarrollo de capacidades técnicas en las regiones beneficiadas. Desde la perspectiva ambiental, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y la sustitución de combustibles fósiles contribuyen al cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales, y a la autosuficiencia energética.
Desafíos y perspectivas futuras
A pesar de los logros alcanzados, que son muy aplaudidos por haberse dado el primer paso, la transición energética mediante comunidades energéticas enfrenta desafíos considerables. Entre ellos se destacan la necesidad de agilizar los procesos de evaluación y aprobación de proyectos, fortalecer la capacitación técnica de los actores locales y asegurar la sostenibilidad financiera de las iniciativas. Asimismo, es fundamental mejorar la articulación interinstitucional y adaptar los marcos regulatorios con lenguajes sencillos para facilitar la integración de tecnologías emergentes y el acceso a mercados energéticos locales. La perspectiva futura apunta a escalar el modelo, incrementando el número de comunidades energéticas activas y extendiendo los beneficios a territorios históricamente excluidos del sistema interconectado nacional.
Conclusión: balance del avance y recomendaciones
El avance de la iniciativa de transición energética en Colombia, impulsada por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, muestra resultados en la creación y consolidación de comunidades energéticas. El 15% de avance respecto a las postulaciones recibidas refleja tanto el interés social como los retos operativos que enfrenta el sector. Para consolidar estos logros, se recomienda profundizar los mecanismos de asistencia técnica, flexibilizar los procesos administrativos y fortalecer la participación comunitaria. Solo así será posible garantizar una transición energética justa, inclusiva y sostenible, que beneficie a todo el país y contribuya de manera decisiva a la inclusión de la variable renovable en la cadena de energía.
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